Patio Bonito, es una pequeña comunidad que alberga a unas 200 personas, enclavada en un valle bajo de las cumbres andinas al norte de Colombia. Está rodeada de lagunas y bosques tropicales, de allí su acertado nombre. Pero, este rico mundo natural, que antes era una zona protegida, está contaminado por un vertedero gigante y, el Patio Bonito apesta y se hace invivible para sus vecinos.

El discreto poblado se encuentra en las afueras de la ciudad de Barrancabermeja, en los exuberantes humedales de San Silvestre. A pesar de su ubicación ecológicamente sensible, la ciudad es un basurero.

Muchos residentes de Patio Bonito han denunciado el impacto perjudicial del vertedero sobre el medio ambiente. Así como sobre la salud de sus habitantes, fauna, flora y ecosistemas varios.

Culpan al relleno sanitario por el aumento de la contaminación de sus aguas, fuentes de alimentos y ecosistemas marinos locales. Y ahora, un nuevo informe del grupo de derechos humanos Global Witness sugiere que la mala gestión corporativa contribuyó a la contaminación.

En la actualidad, este sumidero es propiedad y está gestionado por el gigante francés Veolia. Afirma ser la empresa «líder» del mundo en criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Veolia opera el vertedero desde 2019, tras comprarla a su propietario original, una compañía colombiana salpicada por el escándalo llamada Rediba.

En junio de 2016, una inspección del Ministerio de Medio Ambiente descubrió que Rediba había construido una piscina para contener los lixiviados (contaminantes líquidos del vertedero) fuera de la zona designada en la licencia. A esta piscina le faltaba una geomembrana que habría filtrado las sustancias químicas. En su lugar, las toxinas fluyeron hacia el arroyo Moncholo, que alimenta el pantano de San Silvestre.

Un vertedero que contamina y afea a Patio Bonito

Peor aún: los activistas de San Silvestre Green afirman haber obtenido un video en el que se ve cómo la empresa utiliza un camión cisterna para verter lixiviados en las fuentes de agua circundantes.

Esta grave contaminación tuvo consecuencias devastadoras, con personas ambientalistas documentando mortalidad masiva de peces y efectos desastrosos en otras especies. Y profesionales del área médica reportando impactantes efectos sobre la salud de las personas residentes de Patio Bonito, debido a la gestión del vertedero.

En 2017, una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, determinó que Rediba había violado «los derechos a la salud, a un medio ambiente sano y a la salubridad pública» de los miembros de la comunidad de Patio Bonito. Así como su «derecho a la igualdad y a vivir en condiciones dignas».

Esta resolución de la Corte Constitucional no llegó a ordenar el cierre del vertedero, como exigían ecologistas y miembros de la comunidad. En su lugar, condicionó la continuación de su funcionamiento a que Rediba adoptara una serie de medidas destinadas a mejorar su impacto. Como la protección de la flora y la fauna locales, la mejora del control de los lixiviados y las plagas. Y la construcción de infraestructuras para garantizar el acceso de la comunidad al agua potable.

Cuando Veolia adquirió Rediba en 2019, el cumplimiento de esta orden judicial pasó a ser su responsabilidad. Contactada por Global Witness, la empresa francesa afirmó que ha tomado medidas tanto para mejorar las operaciones del vertedero como para cumplir la sentencia de la Corte.

Severas infracciones ambientales

Investigaciones sobre el terreno realizadas por organizaciones locales cuestionan estas afirmaciones. En febrero de 2023, la ONG San Silvestre Green sobrevoló el vertedero con un dron para investigar la situación actual. «Encontramos que Veolia está cometiendo infracciones medioambientales. Y causando un daño muy grave al área protegida de San Silvestre», dijo Leonardo Granados. Director de San Silvestre Green.

«El vertido orgánico del sumidero es muy pesado y está teniendo un grave impacto en esta zona protegida tan crítica», comentó.

Según un informe de la organización, el agua de lluvia mezclada con los lixiviados del vertedero no se está conteniendo de forma adecuada. Y se está desbordando a las fuentes de agua circundantes. También muestran a Veolia manejando maquinaria pesada en una franja protectora de treinta metros. Por ley debe mantenerse entre el vertedero y las fuentes de agua permanentes circundantes, empujando sedimentos de los alrededores del vertedero hacia estas aguas. 

«Podemos ver en las imágenes cómo esto está afectando a la flora local, donde los árboles han caído y el bosque tropical se encuentra en un avanzado estado de deterioro», señaló Granados. Con estas nuevas pruebas, San Silvestre Green interpuso una demanda contra Veolia ante los tribunales colombianos, exigiendo una multa y la revocación de la licencia ambiental del vertedero.

Cuando Global Witness planteó estas preocupaciones a la empresa, Veolia rechazó firmemente cualquier sugerencia de que estuviera vertiendo lixiviados del vertedero a las fuentes de agua circundantes. «Todos los lixiviados se tratan dentro de las instalaciones de la planta mediante tecnología de ósmosis inversa y el agua obtenida se reutiliza».

Situación grave para la salud

Otra preocupación constante, expresada por ecologistas y miembros de la comunidad, es la presencia de plagas como ratas y buitres, atraídas por el gigantesco montón de basura. Otro de los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional era hacer frente a estos «vectores».

En su respuesta a Global Witness, Veolia afirmó que había «cumplido plenamente» este aspecto de la orden judicial, mencionando en particular la «gestión de los buitres». Sin embargo, durante una visita al lugar, los miembros de la comunidad se quejaron de que el problema persiste.

Mientras que la ONG documentó un gran número de buitres pululando por la basura expuesta del vertedero durante una inspección reciente a Patio Bonito. Una vez más, las afirmaciones de Veolia sobre su gestión del vertedero no parecen ajustarse a la realidad argumento Global Witness.

“Nos han ocasionado muchísimos, muchísimos problemas,” afirmó una persona residente de Patio Bonito, añadiendo que la situación sigue siendo grave con Veolia. «No veo ninguna mejora. Todo sigue igual,» aseguró, agregando que su hija, sus nietos y ella misma han sufrido consecuencias para su salud debido al vertedero.

El informe se hace eco de las preocupaciones que los miembros de la comunidad han expresado durante años. Poco tiempo después de inaugurado el vertedero, la comunidad de Patio Bonito comenzó a observar padecimientos entre recién nacidos y niños.

Un pediatra local, Yesid Blanco, comenzó a investigar un posible vínculo entre el vertedero y las enfermedades entre los niños de la zona.

Explicó haber documentado 27 casos de una rara afección de la piel conocida como síndrome de Job entre 2016 y 2018. La enfermedad suele afectar a uno de cada 100.000 recién nacidos.

Abuso del estado de derecho

Yesid Blanco también dijo a los medios locales que también encontró casos de anencefalia, un defecto de nacimiento grave pero raro en el que un bebé nace sin partes del cerebro y el cráneo.

Veolia, mientras tanto, desestimó los hallazgos de Blanco. En su declaración a Al Jazeera, Veolia dijo que las teorías de Blanco están “respaldadas exclusivamente por sus declaraciones personales en los medios”. Agregaron que no ha ofrecido “ningún reclamo o presentación documentada de hecho, legal, colectiva o individual a Veolia Colombia o a las autoridades ambientales locales” para respaldar sus afirmaciones.

Pero las preocupaciones sobre la seguridad del vertedero se remontan a su creación. La ley colombiana generalmente prohíbe la construcción de rellenos sanitarios en áreas protegidas. Pero, en 2014, la autoridad ambiental local, siguiendo las recomendaciones del gigante petrolero Oxy, permitió que una parte de los humedales de San Silvestre se omitieran de las protecciones ambientales.

Eso, a su vez, allanó el camino para la construcción del vertedero, a pesar de las protestas de los miembros de la comunidad y los líderes ambientales. Óscar Sampayo, un activista ambiental local, consideró que lo sucedido en Patio Bonito es un caso de empresas que “abusaron del estado de derecho”.