Detrás de la deforestación inclemente que se ha acometido en Amazonas, hay un sinfín de hechos cruentos que enlodan aún más el maltrado a la naturaleza: asesinatos, secuestros, torturas. Un grupo de abogados ambientales y de derechos humanos pide a la Corte Penal de Justicia (CPJ) investigue presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos contra pueblos indígenas en el Amazonas de Brasil.
La batalla es dura y larga. La derrota de Jair Bolsonaro en los comicios es motivo de celebración por parte de algunos activistas medioambientales. El presidente saliente de Brasil ha sido señalado por conducir una gestión permisiva a la deforestación y contraria a los derechos de los pueblos originarios de esa vasta y frondosa extensión.
Los abogados, que actúan en nombre de los usuarios de tierras rurales, solicitan una investigación sobre una colosal «red» de políticos, funcionarios empresariales, cabilderos de la industria y bandas criminales. Por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos contra los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales en la parte brasileña del Amazonas.
La acción de los abogados cita conflictos relacionados con la tierra y el agua en una porción del Amazonas. Circunstancias que involucraron unos 400 asesinatos, 500 intentos de asesinato, 2200 amenazas de muerte. Unas 2000 agresiones, 80 casos de tortura y 100.000 delitos contra la propiedad como la demolición de viviendas entre 2011 y 2022 en esa región.
La mayoría de estos presuntos delitos han sido cometidos por miembros de la red como parte de una campaña para sacar gente del bosque. Y poder extraer recursos como madera, soya, carne de res y minerales, dice la solicitud de 35 páginas consignada ante la Corte Penal, con sede en La Haya, recogió Inside Climate News.
Dantescos crímenes de lesa humanidad en Amazonas
La petición a la CPJ fue introducida por Climate Counsel en conjunto con Greenpeace Brasil, y Observatório do Clima. En nombre de las comunidades indígenas y defensores de tierras rurales que son víctimas de los presuntos crímenes de lesa humanidad en el Amazonas brasileño.
Reunieron más de una década de investigación de organizaciones de derechos humanos e instituciones gubernamentales. Incluido el Departamento de Estado de EE UU y la Oficina del Fiscal General de Brasil. La presentación argumenta que los crímenes no fueron eventos únicos, sino un esfuerzo coordinado llevado a cabo con una crueldad sorprendente.
En un caso, afirman, una mujer que se oponía a un proyecto de represa en el estado de Rondonia fue atada a una roca y arrojada al río Madeira. Las víctimas que lucharon contra proyectos agrícolas, madereros o mineros industriales a gran escala fueron degolladas, agregan los abogados. Los perpetradores de los asesinatos a menudo mutilaron los cuerpos de las personas asesinadas, dice el documento. Y casi todos los ataques denunciados no han sido investigados.
Los perpetradores acusados, nombrados en un documento confidencial separado proporcionado al tribunal, incluyen a las personas que presuntamente cometieron los delitos. Así como a funcionarios brasileños de rango medio y alto que emitieron órdenes directas o dieron su aprobación tácita a través de declaraciones públicas. Decisiones políticas y una falta de aplicación de las leyes. La presentación arroja a esos funcionarios como los más responsables.
Las víctimas, a quienes el expediente describe colectivamente como “usuarios y defensores de la tierra rural”, incluyen pueblos indígenas, quilombolas (descendientes de antiguos esclavos). Habitantes de riberas, pequeños agricultores y comunidades de personas sin tierra, algunas de las cuales están realizando actividades de reforestación.
Desafío abrumador y violento
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, debe sopesar si abre una investigación. El tribunal investiga relativamente pocos casos, en comparación con el volumen de solicitudes que recibe. Y hasta la fecha no se ha hecho cargo de ninguno relacionado con daños ambientales en tiempo de paz, reseñó Inside Climate News.
En ausencia de una investigación formal, dijeron los abogados principales Richard J. Rogers y Paulo Busse, esperan que el expediente transforme la comprensión de las personas. Sobre cuán desenfrenada y coordinada se ha vuelto la extracción de los recursos en esa región. Lo que lleva a abusos contra los derechos humanos, tan extremos que equivalen a crímenes internacionales de lesa humanidad en el Amazonas.
La deforestación en la región amazónica se disparó a un máximo de 15 años durante los cuatro años de Bolsonaro en el cargo, ya que el presidente debilitó las regulaciones ambientales. Defendió la tala de árboles para dar paso a la agroindustria. Y se burló de los esfuerzos para defender los derechos de los pueblos indígenas a su tierra.
Su derrota en las elecciones nacionales del 30 de octubre ha despertado la confianza de que se restaurarán las protecciones bajo su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva. En su campaña se comprometió a reducir la deforestación y defender los derechos de los pueblos indígenas. Pero el espectro de esta amplia red de individuos, vinculados que son responsables de los crímenes contra los habitantes de la selva tropical, sugiere que poner fin a la violencia podría ser un desafío abrumador y violento.
Deshacerse de la gente para adelantar la destrucción
La deforestación de la Amazonía ha atraído la atención mundial, dijo Busse, abogado que ayudó a redactar la presentación judicial en nombre de Greenpeace Brasil y el Observatório do Clima. Pero hay poca conciencia de que la destrucción está profundamente relacionada con los crímenes contra los habitantes de la selva tropical.
“Cuando la gente piensa en la Amazonía, piensa en el medio ambiente y el cambio climático”, resaltó. “Para sacar la madera y los minerales de la Amazonía, primero hay que deshacerse de la gente de la Amazonía”.
Es al menos la quinta vez en dos años que se presentan denuncias formales de crímenes de lesa humanidad en el Amazonas ante la Corte Penal Internacional. El artículo 15 del Estatuto de Roma, que estableció la corte en 1998, es un mecanismo utilizado por un individuo o grupo para presentar información al fiscal de la corte sobre presuntos crímenes de lesa humanidad. U otros delitos que sean de su competencia.
Los crímenes de lesa humanidad se definen como los cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra civiles. Es una de las cuatro categorías sobre las que tiene jurisdicción la Corte Penal Internacional. E incluye asesinatos, desapariciones y torturas. Para que esos actos alcancen el nivel de crímenes de lesa humanidad, deben ser parte de una política estatal u organizacional.
Red público-privada detrás de operaciones rapaces
Lo que distingue a esta presentación de otras es que, en lugar de centrarse únicamente en el presidente saliente de Brasil y sus políticas, abarca más.
Se afirma que una vasta red de personas de nivel alto, medio y básico en los sectores público y privado están cometiendo delitos para promover un objetivo compartido. Si bien los delitos citados en la presentación han sido publicitados por organizaciones gubernamentales y de derechos humanos en el pasado, esta es la primera vez que se atribuye responsabilidad a una red público-privada. Busse puntualizó que la existencia de la red es relativamente desconocida en el sureste altamente poblado del país.
Bolsonaro es solo uno de los muchos funcionarios brasileños de alto nivel que señalan sus preferencias con respecto a la extracción de recursos amazónicos a operadores de nivel medio.
Esos operadores de nivel medio (alcaldes, funcionarios, empresarios y organizaciones criminales) luego dirigen la financiación. Y los recursos hacia la ejecución de los objetivos de la red para «garantizar un desarrollo amazónico rapaz y sin restricciones. Operaciones hipercomerciales de agricultura, ganadería, minería y tala», sostuvo el abogado.
A nivel del suelo, los soldados de infantería conocidos como “mafias de la selva tropical” llevan a cabo asesinatos, asaltos y persecuciones para obligar a las comunidades a abandonar la selva, según el expediente.
Rogers es fundador del grupo legal sin fines de lucro con sede en La Haya, Climate Counsel, y uno de los abogados que presentaron la comunicación. Dijo que los miembros de la red tienen una comprensión clara de los papeles que se espera que desempeñen en el cumplimiento de los objetivos generales de la organización.
Atención al entramado político-electoral
Bolsonaro es visto como una figura decorativa obvia para la red. Pero Rogers sugirió que el presidente y sus predecesores son solo engranajes en una máquina más grande en la que los actores de la industria ejercen control o influencia sobre los legisladores. A través de la corrupción y el «apoyo financiero deslumbrante». En algunos casos, indicó, las figuras de la industria se postulan para cargos políticos.
En las elecciones de octubre, los miembros del llamado “caucus de ruralistas”, legisladores alineados con las industrias agrícola y ganadera, obtuvieron escaños en el Congreso Nacional de Brasil. Presentando a Lula, una probable batalla para asegurar reformas legislativas en materia ambiental y derechos humanos. Entre los que ganaron escaños en el Senado estaba Ricardo Salles, exministro de Medio Ambiente en el gobierno de Bolsonaro que renunció el año pasado. En medio de acusaciones de que estaba involucrado en un esquema de tala ilegal.
La presentación acusa a la red de seducir a legisladores de una variedad de partidos y en todos los niveles de gobierno. Para que los intereses de la industria se inscriban en las leyes y políticas públicas, como un proyecto de ley pendiente que evitaría que los pueblos indígenas obtengan títulos oficiales sobre sus territorios.
Como ejemplo de la influencia política de la red, la comunicación cita las acciones de Blairo Maggi, el multimillonario heredero del imperio de la soja del Grupo Amaggi. Exsenador brasileño, se desempeñó como ministro de agricultura del presidente Michel Temer de 2016 a 2019 y como gobernador del estado de Mato Grosso de 2003 a 2010. La deforestación en el estado aumentó alrededor de 40% durante su mandato y aumentó la resistencia al reconocimiento de los derechos indígenas a la tierra.
Envío de un mensaje de advertencia
La oficina de Khan en la CPI no comenta sobre su consideración de las presentaciones del Artículo 15. Si el fiscal abriera una investigación preliminar, cree Rogers, podría tener ramificaciones importantes. Tal medida les indicaría a los líderes empresariales y agencias de seguros que podrían verse implicados en delitos internacionales si hacen negocios con empresas en Brasil con una conexión con los presuntos delitos.
“Creo que enviaría un mensaje importante a los posibles acaparadores de tierras y deforestadores. Y a aquellos que tratan a los pueblos indígenas y las poblaciones tradicionales como si fueran prescindibles”, adicionó.
Incluso si no se materializa una investigación de la Corte Penal Internacional, la comunicación puede ser citada por los litigantes en los tribunales brasileños y potencialmente en los tribunales en el extranjero. E invocada como base para sanciones globales contra el gobierno o las empresas brasileñas, argumentó el abogado.
“Todas esas vías son importantes porque es necesario hacer que los actores internacionales se sientan incómodos al tratar con la red en Brasil”, dijo. “Deben dejar de proporcionar financiamiento y experiencia, y eso se puede hacer a través de una variedad de medios”.
La presentación incluye una plataforma multimedia con visualizaciones de datos, historias de víctimas e imágenes de evidencia.