La laguna salada más grande de Europa lleva algunos años dando señales de vulnerabilidad. Cada tanto tiempo, sus aguas cristalinas se tornan verdes, espesas y, en ocasiones, exhibe una amplia mortandad de peces y algas. Esta albufera del Mediterráneo tiene muchos dolientes. Entre ellos, Teresa Vicente, una profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia, responsable de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que da personalidad jurídica al Mar Menor, una vez aprobado por el Senado.
Teresa Vicente preocupada por las reiteradas manifestaciones de colapso del Mar Menor, decidió actuar. Desde el 2021, cuando se registró la muerte de quince toneladas de peces, comenzó una recogida de firmas para reconocer y proteger los derechos del Mar Menor.
«Abrimos una nueva etapa jurídica, política y social para enfrentar la destrucción de nuestro ecosistema», aseguró Vicente. Con el respaldo a la ILP se espera reforzar la conservación y restauración del Mar Menor que, lo convierte en el primer ecosistema europeo con personalidad jurídica.
¿Esto qué significa? La iniciativa intenta reconocer el derecho inherente, fundamental e inalienable de este ecosistema único a «existir, florecer y evolucionar naturalmente», dice el texto. Durante el debate, los partidos en el parlamento a excepción de Vox, mostraron su apoyo a la propuesta. Con el objetivo de aunar esfuerzos y consenso para salvar este mar.
El Mar Menor lleva décadas sufriendo agresiones que se han ido solapando unas a otras y que van desde la actividad minera y los vertidos de abonos agrarios hasta la llegada del turismo en los años setenta y la urbanización sin control de La Manga.
El Mar Menor tiene personalidad jurídica
El Congreso de los Diputados aprobó en abril, por amplia mayoría y solo con los votos en contra de Vox, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Avalada por más de 640.000 firmas ciudadanas para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor. Es decir, si algún gobierno violase alguna disposición sería culpable de delito y condenado a pagar multa.
Tras esta aprobación, la propuesta regresó a la Comisión para la Transición Ecológica, en la que se presentaron enmiendas al texto legal, antes de su debate parlamentario, que se acaba de resolver en el Senado.
“El derecho ambiental ha fracasado y se necesita una nueva conciencia ecológica. Por tanto, el reconocimiento jurídico del Mar Menor de personalidad jurídica, supone la herramienta más poderosa que hay para su defensa», dijo Vicente.
La propuesta parte de un estudio de la Clínica Jurídica de la UMU basado en experiencias en países de América y Oceanía en los que se ha dotado a ríos o lagos con ese reconocimiento legal. Destinado a la protección de ecosistemas de gran valor ecológico que se encuentran amenazados por el modelo actual de producción y consumo.
La académica detalló que al transformarse la ILP en norma, la laguna salada se convertiría en «el primer ecosistema con derechos propios de Europa». De esta forma dejaría de ser «una víctima y un objeto» para convertirse en «un sujeto» con personalidad jurídica propia.
En ese sentido, confió que reconocer los derechos del Mar Menor conllevaría la concreción de tres figuras independientes para la protección del espacio. Son el Comité de Representantes; el de seguimiento, en el que colaborarían los que ha llamado «los guardianes y guardianas de la laguna», y el científico. Todas constituirían un órgano colegiado, la Defensoría del Mar Menor y su Cuenca.
Los ciudadanos piden más derechos ambientales
Este andamiaje legal con el que ahora cuenta el Mar Menor, con derechos y personalidad jurídica, la protege de decisiones arbitrarias que lo afecten.
De esta forma, ante cualquier perjuicio sobre el Mar Menor, tanto la Defensoría como cualquier ciudadano o ciudadana podría ejercitar la acción popular correspondiente. Y tendría acceso a la Justicia a través de un procedimiento preferente y gratuito.
El objetivo es «impedir que las actividades urbanísticas, de la agricultura, ganaderas, mineras o cualquier otra puedan dañar el ecosistema», explicó Vicente.
El debate en el Senado contó con 230 votos a favor, 30 abstenciones y solo tres votos en contra. Vox ha mantenido su oposición desde el inicio de las conversaciones al calificarlo de «disparate jurídico». E indicó que es «una apuesta ideológica y radical», con el fin de «dejar atrás nuestra sociedad, centrada en el ser humano», y «llevarnos a una sociedad ecocéntrica y basada en la Agenda 2030».
El senador José Manuel Marín Gascón, de Vox. Para él la representación y gobernanza a las que alude la iniciativa ciudadana es, en realidad, «un auténtico comisariado político».
Contrariamente, el senador del PSOE Fernando Lastra lamentó la posición de VOX. Frente a ello, defendió que «sí se pueden unir los derechos humanos con los derechos de los seres vivos».
Entretanto, Miguel Sánchez, de Ciudadanos, comentó que la ILP es «una prueba del fracaso de la política regional y la nacional», que «ha obligado a la sociedad civil a movilizarse para encontrar una solución al problema que hemos creado los políticos”.
Por otra parte, el senador Juan María Vázquez del PP precisó que los ciudadanos exigen que se «acompase» la sostenibilidad medioambiental con la económica y la social”.