Después de que ocurrieran los asesinatos del indigenista brasileño Bruno Pereira y el periodista inglés Dom Phillips en la selva amazónica, la Amazonía vuelve a acaparar los focos y otra vez la principal discusión en Brasil y los ambientalistas de mundo. El Valle del Javari, una remota área amazónica ubicada en la frontera con Brasil, Perú y Colombia, donde ocurrieron los crímenes, tiene una fuerte presencia y actividad del narcotráfico. Además, se le vincula con otros delitos como la pesca ilegal.
Con una población de 6.300 personas en 26 pueblos, 19 de los cuales están completamente aislados, la región ha sufrido en los últimos años un aumento de la criminalidad por el narcotráfico y la presencia de organizaciones ilegales de pesca, minería, caza y madera que operan en las tierras protegidas. Ha sido calificada como «una selva bastante peligrosa». Y no solo para quien la visita, sino también para los pueblos indígenas, que han enfrentado crecientes amenazas e invasiones de grupos criminales.
El el narcotráfico lleva décadas prosperando en la selva amazónica, pero recientemente ha tenido un crecimiento sustancial. Cada vez más criminales organizados y armados se aprovechan de la zona. «El bosque, por su naturaleza, siempre fue un sitio privilegiado para el narcotráfico. Permite camuflar la droga fácilmente», dijo el geógrafo Aiala Colares, investigador especializado en la Amazonía en la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública.
El periodista inglés Dom Phillips y el indigenista brasileño Bruno Pereira penetraron, por segunda vez, en la remota selva del Valle del Javari para trabajar en un proyecto de defensa de la Amazonía. Partieron en bote el 2 de junio desde Atalaia do Norte, un municipio tranquilo en la confluencia de los ríos Itaquai y Javari. Planeaban regresar a los tres días, pero nunca volvieron. Las informaciones oficiales indican que cuando retornaban pescadores ilegales les dispararon y enterraron los dos cadáveres en el bosque.
En 2018, cuando Pereira, en ese entonces director del programa para tribus aisladas de la agencia gubernamental de asuntos indígenas de Brasil (FUNAI), se interesó en el proyecto de salvación de la Amazonía. Invitó al periodista Phillips a cubrir para The Guardian una intensa expedición de 17 días en la selva tropical. Su objetivo era mapear las tierras ocupadas por una tribu no contactada, para tratar de evitar conflictos con otras etnias.
Al tomar el cargo de presidente Jair Bolsonaro en 2019, Pereira dejó de trabajar en FUNAI por desencuentros con sus superiores. Pronto encontró un nuevo trabajo en un grupo de derechos indígenas llamado UNIVAJA entrenando a voluntarios indígenas en el patrullaje del Valle del Javari. Numerosos estudios afirman que preservar esta tierra indígena, una de las más extensas de Brasil, es clave para proteger la Amazonía y ayudar en el intento de frenar el cambio climático.
A Pereira el proyecto le valió cientos de amenazas de muerte. En paralelo, Phillips trabajaba en el libro How to save the Amazon (Cómo salvar la Amazonía). Una guía destinada sobre las formas prácticas de proteger la gran selva tropical de Suramérica
Atalaia do Norte, la ciudad donde tenía su base la expedición de Phillips y Pereira, tiene el tercer peor índice de desarrollo humano de Brasil, según el último censo.
Cuando asumió la Presidencia de Brasil, en enero de 2019, Jair Bolsonaro prometió frenar la tragedia ambiental y desarrollar la Amazonía. A 2022 el problema se ha desbordado. Los datos divulgados por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (Inpe) indican que entre enero y junio la selva amazónica perdió 3.987 kilómetros cuadrados de vegetación. Un 10,6% más que el mismo período de 2021.
Solo en el mes de junio se han destruido 1.120 kilómetros cuadrados de vegetación. Es decir, un 130% más que en el mismo mes de 2018, antes de que Jair Bolsonaro llegara al poder. Lo más grave es que las alarmantes cifras muestran una tendencia al alza. La destrucción de la selva crecerá por cuarto año consecutivo. Los datos del Observatorio del Clima proyectan que la tasa de deforestación en 2022 sobrepasará los 10.000 kilómetros cuadrados. Una cifra que no se reportaba desde 2008.
Los ecologistas dicen que la tragedia ambiental en la Amazonía brasileña se debe a la falta de control y fiscalización del gobierno a las actividades que acaban con la selva. La minería ilegal y el comercio ilícito de madera. La selva amazónica concentra el 72% de la extracción minera de Brasil, en su mayoría ilegal. Además es el ámbito principal de los criminales que comercializan madera arrasando completamente los árboles centenarios.
Tantas actividades ilegales han disparado la violencia. Y lejos de intentar controlarla, Bolsonaro promueve la explotación de los recursos naturales de la Amazonía, incluso en reservas indígenas donde está prohibido por ley. Aunque el mandatario ha aprobado varios decretos y leyes para «proteger la selva tropical», también ha recortado la financiación de los programas de protección y vigilancia ambiental. Igualmente, impulsa la apertura de las tierras indígenas a la agricultura y la minería comerciales.
El teólogo y ecologista brasileño Leonardo Boff demanda que se tomen medidas urgentes para la protección de la selva y, sobre todo, de sus pueblos indígenas, los «guardianes y jardineros de la Amazonia y del planeta». Entre sus propuestas, pide al papa Francisco y a todos los padres sinodales que se declaren la Amazonia como Santuario de la Casa Común. Una declaración que actúa como un «llamamiento espiritual y profético» para que se reconozca como tierra santa.
Con este llamamiento a la conciencia universal, se lograría llamar la atención de los organismos mundiales y los Estados responsables para que tomen las medidas urgentes y profundas necesarias para salvar la amazonia. El exsacerdote franciscano explicó que las medidas «deberían diseñadas y aplicadas con sentido de emergencia, considerando la velocidad y profundidad de los cambios adversos que están afectando cada vez más el clima, el hábitat y la vida de los pueblos amazónicos».
Boff afirma que los objetivos deben enfocar el problema como un todo. «Todo está afectado sistémicamente. Por la deforestación de la selva amazónica han salido afectadas la flora y la fauna. También el clima, el aire y el régimen de lluvias, y todo esto ha comprometido el equilibrio de todos los ecosistemas. Así como la vida de los pueblos amazónicos, cuyo exterminio está cada vez más próximo», recapituló.
El teólogo además pidió a los líderes mundiales ayudar a determinar legalmente los territorios suficientes (considerando su forma de vivir y de interactuar con la naturaleza) para cada una de las etnias que habitan en la Amazonia.