En Francia se lleva a cabo la primera investigación criminal de ecocidio en la Unión Europea. Una discreta y hermosa comuna de la región de Auvernia-Ródano-Alpes, en el este del país, Grézieu-La-Varenne es el sitio que despierta la atención internacional y un debate medioambiental de amplio alcance. Se descubrieran niveles peligrosos de contaminación en su ámbito.
El concepto de ecocidio no es nuevo, pero desde 2021 tiene definición jurídica. «Cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos al medioambiente». Sus creadores, un panel de 12 juristas impulsado desde la sociedad civil, pretende que el delito se incorpore como el quinto crimen contra la paz en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Stop Ecocide, la principal ONG que lucha por el reconocimiento del ecocidio como delito, considera que entran en esa categoría, por ejemplo, el daño a los océanos, la deforestación, la contaminación del agua, del suelo y del aire.
Después de años de campañas de los activistas medioambientales, Francia, en 2021, fue el primer país de la UE en criminalizar estas acciones. Ahora, la ley es puesta a prueba.
Los terrenos de Grézieu-la-Varenne es objeto de escrutinio judicial-ambiental. Sobre las superficies contaminadas con tricloroetileno por una lavandería industrial se construyeron viviendas. Varias historias familiares rondan el lugar y ha sido objeto de informes desde la década de los ochenta. El tricloroetileno o TCE es una sustancia química orgánica que se emplea para producir refrigerantes y otros hidrofluorocarburos, y como disolvente desengrasante. Los tintoreros comerciales también lo usan como quitamanchas.
En Francia abren investigación criminal de ecocidio
Detrás de la investigación criminal de ecocidio que se adelanta en esa pequeña localidad francesa, hay varias experiencias. Una es la de Mélanie Devers y su marido que adquirieron Grézieu-la-Varenne (Ródano) una casa en el campo, un chalet tipo loft, con jardín y piscina, por 440.000 euros. A unos treinta kilómetros de Lyon, el lugar es una delicia de tranquilidad y de convivencia con la naturaleza.
Durante nueve años, la pareja aprovechó al máximo este ambiente rural. Solo había una pequeña incomodidad para Mélanie: un olor químico que sentía con regularidad y la afectada en las vías respiratorias. Pero la vida continuó y los dos niños fueron creciendo. El 5 de febrero de 2019, reseñó que un artesano excavó el suelo del jardín para mover un árbol y un líquido viscoso salió del agujero de un metro cincuenta de profundidad.
Angustiada, Mélanie envió un mensaje al vendedor de la casa, nieto del industrial Louis Mercier, a quien pertenecía el terreno. No respondió. Luego llamó a su vecino, un antiguo agricultor que vive al otro lado del campo. Su profundo suspiro no presagió nada bueno. «Esta historia ha arruinado mi vida», le contó Marie-Louise Simard, de 87 años de edad.
Esa noche, la anciana le entregó un archivo amarillento a Mélanie. Una historia guardada por años volvió a relucir. La jubilada le confió las complicaciones que le trajo la contaminación de su pozo. El caso se remonta a 1979. Marie-Louise y su marido sufrían fuertes dolores de cabeza y trastornos digestivos. Sospecharon de los disolventes que utilizaba la empresa de lavandería industrial Mercier, cercana a su domicilio.
Exposición prolongada al TCE produce cáncer
La denuncia del matrimonio desencadenó una investigación, pero en nada parecida a la investigación criminal de ecocidio que ahora se adelanta en esa localidad muchos años después, cuando a nivel global se plantea su inclusión como delito grave en el derecho internacional.
Varios testigos describieron flujos cuestionables de un líquido viscoso en el distrito de Tupiniers, donde opera la lavandería. El perito judicial constató una fuerte contaminación por TCE, probablemente extendida al acuífero subterráneo desde el inicio de la actividad de los establecimientos Mercier», según su informe del 3 de junio de 1982. La exposición prolongada a esa sustancia causa cáncer de riñón. Algunos datos indican que puede estar relacionado con el riesgo de linfoma no Hodgkin y, posiblemente, de cáncer de hígado.
Después de seis años de procedimientos, el Tribunal de Apelación de Lyon ordenó al contratista que pagara una indemnización por daños materiales y corporales. Marie-Louise Simard le mostró a su vecina Mélanie el artículo de Le Progrès que describe el asunto. En la foto, la joven reconoce el campo que se ha convertido en su jardín y, en la parte inferior de la imagen, la zona contaminada, en la ubicación actual de su casa.
«Me quedé estupefacta. Entendí que había adquirido una propiedad rehabilitada sobre un viejo garaje lleno de químicos. ¡Nadie me había dicho nada, ni el propietario, hijo y nieto del operador. Ni su notario, que había firmado mi escritura de compraventa y había intervenido en la gestión de la empresa!”, contó.
Justicia a medias
Entonces las leyes no amparaban a los ciudadanos de la contaminación. Otro caso, recogido por Euronews, se refiere a Audrey Marcodini, que se mudó a su casa de ensueño hace tres años al pie de los montes del Lyonnais. Audrey y su hija adolescente pasaron cerca de dos años felices, pero un descubrimiento dio un giro a sus vidas. Un vecino encontró un líquido viscoso y maloliente en su patio trasero: tricloroetileno. Aunque la sustancia química se usa como disolvente industrial en las lavanderías, es un cancerígeno. Los altos niveles de exposición pueden ser mortales.
Cuando la búsqueda se extendió a la casa de Audrey, que se encuentra en el sitio de la antigua lavandería industrial, las pruebas mostraron que los niveles de tricloroetileno eran más de 800 veces superiores al límite legalmente aceptado. Audrey y su hija fueron realojadas urgentemente, pero el daño potencial a largo plazo a su salud se desconoce.
Además de la investigación criminal o juicio penal por ecocidio, los residentes de Grézieu-la-Varenne también han presentado seis demandas civiles. El primer veredicto, declaró culpables a dos notarías y a una empresa inmobiliaria. Los condenados deben pagar un millón de euros por no haber revelado los detalles de la contaminación.
Quedan pendientes ese caso y otros tantos no solo en Francia, que ocasionan impactos severos a la salud humana y al medioambiente.