El ejecutivo aprobó la Ley de Movilidad Sostenible, luego de haber sido diferida temporalmente por las elecciones generales de España en 2023. El proyecto legislativo, que es remitido al Congreso para su validación y entrada en vigor antes que culmine el año, es duramente criticado por 14 organizaciones sociales y ambientales. Observaron que en su texto se abandona la oportunidad de lograr la descarbonización del transporte.
El transporte es responsable del 29,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país, cinco puntos por encima de la media europea. Por lo tanto, argumentó el Ministerio de Transportes, urge avanzar en la descarbonización del sector para cumplir con los compromisos de la UE y contribuir a mejorar la calidad del aire.
Pese al razonamiento oficial, las organizaciones sociales y ambientales -incluida Ecologistas en Acción- sostienen el PSOE ha sacrificado la posibilidad de tener una Ley de Movilidad Sostenible ambiciosa que permita a la ciudadanía tener un sistema multimodal de transporte descarbonizado, eficiente, sostenible, justo e inclusivo en España.
Además, advierten que es el mismo proyecto de ley de 2022 sin cambios ni mejoras, carente de ambición climática, con la intención de hacerlo a toda prisa, por la vía de urgencia.
“Con el envío al Congreso de los Diputados, por segunda vez, el PSOE ha generado una especie de efecto del ‘día de la marmota’, convirtiendo su tramitación parlamentaria en una situación repetitiva”, manifiesta la coalición de organizaciones ambientales, sociales, sindicales, ecologistas y juveniles. Son ellas AMBE, CCOO, ConBici, CECU, Consejo de la Juventud de España, Ecodes, Ecologistas en Acción. Eco-union, Fundación Renovables, Greenpeace, PTP, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Transport & Environment y UGT.
El ministro Óscar Puente señaló que el proyecto tiene entre sus objetivos, reducir las ineficiencias del gasto en el transporte en 800 millones de euros anuales, lo que permitirá elevar un 3% la productividad de las empresas.
La ley se basa en cuatro pilares fundamentales: un derecho social, una movilidad limpia y saludable, un sistema digital e innovador y una mejora en la inversión al servicio de los ciudadanos, explicó.
La Ley “reconoce también la movilidad como un derecho ciudadano porque de ella dependen el ejercicio de derechos fundamentales como el del trabajo o la salud”. Impulsa el proceso de transformación de las ciudades para reducir el uso del coche (incentivar el uso de bicicletas) y, fomentar el uso del tren para mercancías en lugar del camión. De igual manera mejorar la eficiencia del gasto al exigir la rentabilidad socioambiental de actuaciones como los soterramientos”, precisa el texto.
Los ambientalistas recuerdan que en la pasada la legislatura, el proyecto de Ley de Movilidad Sostenibles provocó muchas inconformidades, dudas y cuestionamientos. Se presentaron 975 enmiendas por parte de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.
Consideran que con el actual texto “el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible parece ser ajeno a la creciente gravedad del cambio climático y a su propia nomenclatura. Y ha decidido volver al punto de partida inicial, presentando exactamente el mismo proyecto de ley que ya suscitó un fuerte rechazo en la legislatura pasada”.
Estas organizaciones elaboraron propuestas para revertir esta situación durante la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible.
Emplazan a las autoridades a alcanzar la neutralidad climática del sector transporte-movilidad lo antes posible, como tope 2050. Con objetivos intermedios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 y 2040 en relación a los niveles preindustriales.
La coalición de organizaciones ambientales, sociales, sindicales, ecologistas y juveniles sugiere incluir en la Ley de Movilidad Sostenible:
Propone también integrar la eficiencia energética como eje fundamental de la ley. Optando por un sistema multimodal de transporte que tenga como columna vertebral el transporte público y los tres modos más sostenibles: el peatonal, el ciclista y el ferroviario.
Plantea una firme defensa y fomento del ferrocarril, tanto de personas como de mercancías. Recuperando los trenes nocturnos y poniendo a España al nivel de la UE en el porcentaje de mercancías transportadas por ferrocarril. E incorporando un objetivo de alcanzar una cuota modal del 18 % en 2030 respecto al total de mercancías transportadas por vía terrestre y de al menos, el 35 % en 2040.
Las agrupaciones insisten en otorgar la debida prioridad a la electromovilidad en el transporte de personas y mercancías por carretera.
Para revertir el actual proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, aprobado en consejo de ministros y remitido al parlamento, la coalición es partidaria de emprender reformas que la hagan realmente sostenible. A través de un compendio de las siguientes acciones:
En el paquete de propuesta sugiere además garantizar una transición justa en el sector del transporte e incorporar el concepto de “pobreza en el transporte”. Y el emplazamiento al Gobierno para la elaboración de una Estrategia Nacional que diagnostique, prevenga y combata estas situaciones de vulnerabilidad.