Inversión Socialmente Responsable (ISR)
La Inversión Socialmente Responsable (ISR) surgió como un concepto financiero que distingue aquellos proyectos que integran criterios ambientales, de impacto social y de gobernanza, así como la financiación verde de los mismos, destinados a mejorar la eficiencia energética en la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático. La ISR no solo acarrea beneficios para los inversores, sino que las organizaciones e instituciones, tanto desde el ámbito público como el privado, se están uniendo a esta filosofía porque aporta resultados. A los objetivos de inversión y rentabilidad, se añade ahora el de retorno social. Los escenarios para la evaluación del riesgo climático van desde avanzar hacia la descarbonización en la generación de energía reduciendo la huella ambiental, crecer a través de tecnologías renovables, apostar por la innovación y la digitalización y aportar valor añadido a la sociedad y a las comunidades donde se realiza la actividad. La ISR ha trascendido su origen financiero para pasar a formar parte de la responsabilidad corporativa de las organizaciones en todas sus acciones.
Economía circular
El cambio de modelo de producción impulsado por la innovación, las nuevas tecnologías y la globalización se ha concretado en una revolución industrial que ha supuesto un cambio paradigmático en la economía y los mercados, pero al mismo tiempo ha ocasionado daños colaterales como el cambio climático, desequilibrios y una creciente desigualdad. Estos perjuicios no solo alcanzan a la economía, sino que se extienden al ámbito financiero, alimentario, climático, energético y social. Desde el Acuerdo Climático de París y la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la economía verde es la economía del futuro. La respuesta a este desafío no puede ser detener el desarrollo, sino adaptar la fuerza del trabajo, de la producción industrial y del consumo para que sea capaz de anticipar estas tendencias y paliar sus efectos negativos. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la economía verde es la que mejora el bienestar humano y la equidad social, reduce los riesgos ambientales y la presión sobre los sistemas naturales y armoniza el desarrollo económico y el consumo eficiente de los recursos.
Para incrementar el liderazgo empresarial y la transición hacia una economía verde y circular de las empresas y del conjunto de la sociedad es preciso impulsar la generación de demanda y creación de mercados, el acceso a la financiación, la promoción del talento y la competitividad, la investigación, el desarrollo y la innovación, la internacionalización y el fomento del empleo y la capacidad emprendedora.
Movilidad sostenible
En España, el sector del transporte es el mayor consumidor de energía final (40% del total) y el mayor emisor de dióxido de carbono (30% de las emisiones totales de CO2) ya que la energía utilizada por el transporte proviene de combustibles derivados del petróleo. Los índices de contaminación atmosférica en los grandes núcleos urbanos se consideran ya un grave problema de salud pública. Para contrarrestar la contaminación, las instituciones y administraciones locales fomentan la movilidad sostenible a través de modalidades de transporte energéticamente más eficientes y ecológicas con el objetivo de que disminuyan las emisiones de efecto invernadero.
La electromovilidad es una solución, pero los costes y la autonomía, así como el almacenamiento por la carencia de infraestructuras de recarga, generan incertidumbre que deben solucionarse invirtiendo más en instalaciones e infraestructuras de generación de energías limpias y de distribución.
La movilidad sostenible va más allá de los beneficios ambientales pues persigue hacer las ciudades más habitables y elevar el índice de calidad de vida con mayor bienestar económico, social y ciudadano. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), las administraciones tienen el deber de promover el uso de combustibles y vehículos alternativos, así como el ahorro y la eficiencia energética en el sector. Por su parte, los ciudadanos tienen la responsabilidad de añadir los criterios de eficiencia energética y sostenibilidad a su elección de los modos de transporte y al uso que realizan de los mismos.
Energía verde y renovable
El Acuerdo de París de 2015 fue un punto de inflexión en la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático. Supuso el compromiso de la comunidad internacional para compatibilizar el crecimiento económico con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por primera vez se visualizó la necesidad de que se produjese un proceso de descarbonización cuyo objetivo es un cambio de modelo energético hacia una energía limpia que, al mismo tiempo, garantice la generación y un sistema energético seguro y competitivo, a un precio asequible, para favorecer el desarrollo y la generación de riqueza y empleo.
Las claves de actuación para lograr la eficiencia energética pasan por reducir la huella de carbono, a través de la mejora en la eficiencia en la movilidad, y la contribución a un modelo energético sostenible, que desarrolle infraestructuras para la electrificación de la economía y la integración de las renovables y una mayor eficiencia en la gestión de la demanda.
Tratamiento de residuos sólidos urbanos y el ciclo integral del agua
Lo que más preocupa a los gestores públicos y privados de los residuos sólidos urbanos (RSU) no es la contaminación o la pérdida de recursos naturales, ni siquiera la peligrosidad, sino las dificultades –económicas, ecológicas y sociales– para encontrar un destino final para los mismos. Una gestión sostenible obliga a actuar de una forma global y coordinada en todo el proceso de tratamiento de RSU: extracción, transformación, distribución y consumo, integrando los objetivos de prevención y aprovechamiento de los residuos con el objetivo de reducir la actividad extractiva y las agresiones ambientales.
Los sistemas de recuperación y aprovechamiento de los RSU basados en la participación ciudadana en la recogida selectiva de los residuos son los más efectivos para el tratamiento y para la industria recicladora. Para una gestión sostenible de los RSU el primer objetivo es la prevención –el mejor residuo es el que no existe–. Es preciso tener en cuenta además las denominadas tres ‘r’: reducir, reutilizar y reciclar. En definitiva, en los núcleos urbanos hay que implementar un plan integral de gestión que contemple estos objetivos para la prevención, reutilización, reciclaje y disposición o destino final de los RSU. Este plan debe considerar el impacto ambiental global, incluidos los consumos de agua, energía y otros recursos.
El ciclo del agua en los núcleos urbanos pasa por la gestión eficiente y sostenible del abastecimiento –captación, potabilización, almacenamiento y distribución–, el saneamiento –alcantarillado y depuración– y la reutilización –regeneración y transporte–.
En España, el 20% del agua consumida se destina al uso urbano (4.066 hm3 al año). El 70% del consumo urbano corresponde al consumo doméstico y la media a nivel nacional es de 122 litros por habitante y día.
Infraestructuras urbanas eficientes
Según Naciones Unidas, más de la mitad de la población mundial vive en núcleos urbanos. El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 11 promueve que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles. El ODS número 9 se refiere a la construcción de infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Para alcanzar muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se han propuesto será necesario contar con una infraestructura firme, funcional y sostenible: fuentes de energía fiables, disponibilidad de agua potable, educación, seguridad, servicios sociales y económicos. Todo eso se hace posible gracias a una infraestructura resiliente. La ciudad del futuro tendrá que ser sostenible y eficiente y, en consecuencia, inteligente. Las ciudades sostenibles son más baratas de gestionar y en ellas se vive mejor.
Las infraestructuras son los cimientos que sostienen la actividad económica y el desarrollo. Deben ser compatibles con los objetivos sociales y medioambientales y evitar la contaminación ambiental y del agua, fomentar la eficiencia energética e impulsar el acceso a fuentes renovables de energía o que minimicen la huella de carbono. También tienen que preservar el ecosistema y los recursos naturales. El fin es transformar las ciudades en espacios más habitables y confortables tanto para vivir como para trabajar, respetando el medio ambiente y procurando mayores niveles de crecimiento y desarrollo económico.
Legislación y protección jurídica del medio ambiente
La protección del medio ambiente y la persecución de actividades y conductas lesivas para la naturaleza y el ecosistema es un factor clave para la supervivencia de la especie humana y el futuro del planeta. Para garantizar la vida en todas sus formas y luchar contra la contaminación y sus efectos destructivos es prioritario establecer políticas públicas y normas legales que garanticen la incorporación de los derechos de la naturaleza al ordenamiento jurídico. Esta tutela efectiva debe perseguir y castigar las acciones que destruyen los ecosistemas y que propicien impactos ambientales, poniendo en peligro la vida de las personas y alterando las condiciones para el desarrollo de la flora y fauna. El derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y sostenible es un derecho fundamental que debe gozar de la protección jurídica del Estado. El daño contra el medio ambiente supone una infracción penal que debe ser sancionada.
Las políticas de protección ambiental son distintas unas de otras y se adaptan a las legislaciones propias de cada país. La globalización económica ha generado una preocupación general ante el calentamiento global y el cambio climático causado por la sobreexplotación de los recursos naturales, la pérdida de los recursos del suelo y el deterioro progresivo causado por el efecto invernadero y la destrucción de la capa de ozono. La legislación ambiental tiene que erigirse en el instrumento legal que impulse el desarrollo sostenible.
Acciones de recuperación del medio ambiente
La conservación de la biodiversidad es la mayor prioridad medioambiental del planeta y debe implicar en una estrategia global de preservación y recuperación a todos los agentes políticos, económicos y sociales. Con este objetivo, es preciso desarrollar una estrategia conservacionista que defina las principales líneas de actuación, desarrolle planes sectoriales y habilite los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades programadas. Se trata de adaptar el actual sistema de producción y consumo bajo la premisa de que los recursos que requiere son finitos, impulsando un modelo de economía circular eficiente y sostenible. Además de la industria, se hace necesaria una transformación energética que persiga la descarbonización y la generalización de las fuentes renovables que mitiguen el impacto ambiental. En la misma medida, es preciso establecer un modelo de gestión del ciclo integral del agua y de los residuos que conlleve una política de prevención basada en la educación ambiental y la implantación de medidas económicas y legales.
