La mayor conciencia en las comunidades, grandes o pequeñas, sobre los efectos directos del cambio climático, ha disparado el número de casos litigios climáticos en Estados Unidos y el mundo, según un informe.
Se han presentado unas 2.180 demandas vinculadas con el clima en 65 jurisdicciones en los últimos cinco años, señala un documento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia. Este dato evidencia que los casos judiciales se están convirtiendo en una parte esencial para garantizar la acción y la justicia climáticas.
En 2017, solo había 884 casos documentados en 24 jurisdicciones, precisa la investigación. «Estamos viendo un enorme aumento en el número de casos», afirma María Antonia Tigre, investigadora principal en litigios climáticos globales en el Centro Sabin de Columbia. Dice que el número de casos presentados por año se ha duplicado en los últimos cinco años.
Si bien EE UU todavía domina con más de 1.500 casos, otros países están experimentando aumentos. Alrededor del 17% de los casos se han presentado en países en desarrollo, según el informe de la agencia de Naciones Unidas, siendo Brasil e Indonesia, países ricos en selvas tropicales, los que más casos han visto.
Mientras el público espera que los gobiernos y las corporaciones reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero -y sufre las consecuencias cuando no lo hacen- «la gente recurre cada vez más a los tribunales en busca de respuestas», sostiene Andrew Raine, jefe de derecho ambiental internacional del PNUMA.
En un fallo histórico de 2021, un tribunal holandés ordenó a Shell reducir sus emisiones de dióxido de carbono en un 45% con respecto a los niveles de 2019 para 2030. Una decisión histórica y celebrada por los activistas.
Asimismo miles de abuelas suizas llevaron un caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando que los esfuerzos climáticos «lamentablemente inadecuados» de su gobierno han violado sus derechos humanos.
Muchos de estos litigios climáticos involucran reclamos basados en acusaciones de lavado verde corporativo o que abogan por una mayor divulgación sobre el clima. Algunos buscan exigir responsabilidades a los gobiernos por no hacer cumplir las leyes y políticas relacionadas con la crisis global del clima.
Pero los expertos manifiestan que esperan más casos de «reacción violenta» en el futuro a medida que las empresas busquen proteger las operaciones y activos de combustibles fósiles. Así como más casos presentados por grupos vulnerables que sufren impactos climáticos extremos debido al cambio climático.
Los jóvenes activistas climáticos ya han desempeñado un papel central, con 34 casos presentados en nombre de niños, adolescentes y adultos jóvenes. Los litigios contra las acciones disruptivas de los activistas climáticos también están aumentando, comenta Tigre.
Agrega además que curiosamente la incorporación de nuevas jurisdicciones en 2023, como Estonia, Panamá, Portugal y Rumania, amplifica la conversación global sobre litigios climáticos. Estas expansiones significan un reconocimiento creciente de la importancia de los marcos legales en diversas regiones.
«Las políticas climáticas distan mucho de lo necesario para mantener las temperaturas globales por debajo del umbral de 1,5 °C. Mientras que los fenómenos meteorológicos extremos y el calor sofocante ya están abrasando nuestro planeta», comenta Inger Andersen, Directora Ejecutiva del PNUMA. «Las personas recurren cada vez más a los tribunales para combatir la crisis climática, al exigir responsabilidades a los gobiernos y al sector privado. Y convertir los litigios en un mecanismo clave para garantizar la acción climática y promover la justicia climática», añade.
El informe del PNUMA y Sabin Center for Climate Change Law ofrece una visión general de los principales casos de litigios climáticos de los dos últimos años. A medida que estos recursos legales aumentan en frecuencia y magnitud, crece también el acervo de precedentes jurídicos, formando una rama del Derecho cada vez mejor definida.
Estas acciones jurídicas se interpusieron en 65 órganos de todo el mundo: en cortes internacionales, regionales y nacionales. Cortes de distrito, cortes supremas, órganos cuasijudiciales y demás órganos jurisdiccionales. Incluidos los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y los tribunales de arbitraje.
«Existe una alarmante brecha cada vez mayor entre el nivel de reducción de gases de efecto invernadero que el mundo necesita alcanzar para cumplir sus objetivos de temperatura y las medidas concreta que los gobiernos están tomando para reducir las emisiones. Esta brecha provocará inevitablemente que cada vez más personas recurran a los tribunales. El presente informe será un recurso valioso para todas las personas que deseen obtener el mejor resultado posible en las instancias judiciales. Así como para comprender lo que es y lo que no es posible resolver por dichas instancias», advierte Michael Gerrard, director de facultad del Sabin Center.
Se han presentado casos notables en los que se han impugnado decisiones gubernamentales basadas en la incompatibilidad de un proyecto con los objetivos del Acuerdo de París. O con los compromisos nacionales de cero emisiones netas. Asimismo, la creciente toma de conciencia sobre el cambio climático en los últimos años ha impulsado acciones contra las empresas. Entre las que se incluyen casos por los que se busca exigir responsabilidades por los daños causados al clima tanto a las empresas de combustibles fósiles como a otros emisores de gases de efecto invernadero.
Según el informe, la mayoría de los litigios climáticos en curso se inscriben en una o varias de las seis categorías siguientes: 1) litigios que recurren a los derechos humanos consagrados en el derecho internacional y las constituciones nacionales. 2) desafíos relativos a la no aplicación nacional de las leyes y políticas relativas al clima. 3) demandantes que procuran que los combustibles fósiles permanezcan bajo tierra. 4) litigios relativos a las responsabilidades de las empresas por los daños y perjuicios causados al clima. 5) litigios en los que se aboga por una mayor divulgación de información relativa al clima y poner fin a la ecoimpostura (greenwashing). Y 6) litigios que denuncian la falta de adaptación a las consecuencias del cambio climático.
En el documento se demuestra también cómo los tribunales están detectando fuertes vínculos entre los derechos humanos y el cambio climático. Como resultado, los grupos más vulnerables de la sociedad están recibiendo una mayor protección. Al tiempo que se mejora la rendición de cuentas, la transparencia y la justicia, lo que obliga a los gobiernos y a las empresas a perseguir objetivos más ambiciosos de mitigación y adaptación al cambio climático.
Anticipa la investigación que en el futuro se incrementará el número de casos relativos a la migración climática y los casos presentados por los pueblos Indígenas. Así como las comunidades locales y demás grupos afectados de forma desproporcionada por el cambio climático. Y por último, los casos relativos a la responsabilidad posterior a los fenómenos meteorológicos extremos.
Asimismo, se pronostican desafíos en la aplicación de la ciencia de la atribución de los efectos del cambio climático. Y un incremento de los casos de «oposición» contra los litigantes climáticos con el fin de invalidar las normativas encaminadas a la acción climática.